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Entra en vigor El Nuevo Sistema de Justicia Penal


"El presidente Enrique Peña Nieto refirió que esta es la transformación jurídica más importante del país en los últimos cien años" 

CDMX.-A la media noche ya de este sábado 18 de Junio, los titulares de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial pusieron en marcha el nuevo Sistema de Justicia Penal con lo que iniciarán los juicios orales en esta materia a lo largo de todo el territorio nacional. 

El presidente Enrique Peña Nieto dejó claro que en este esfuerzo nacional y periodos de gobierno". En la explanada del Altar a la Patria, en Chapultepec, asentó que desde el principio de su gobierno se tuvo claro que cumplir con el plazo de implementación era una meta fundamental y emblemática "pero era sólo la primera". 

Durante esta ceremonia de Estado, asentó que su gobierno tiene la firme voluntad de ajustar donde haya que hacerlo y de cambiar lo que sea necesario para que las instituciones de seguridad y procuración de justicia estén acordes con esta transformación.

"Todos los representantes del Estado Mexicano somos corresponsables del éxito del nuevo sistema de justicia penal. Sólo con un proceso continúo de aprendizaje y mejora podremos corregir las fallas y superar los desafíos que seguramente habremos de enfrentar", atajó. 

Acompañado por los presidentes de la Suprema Corte, de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, gobernadores, jueces y magistrados, señaló que el sistema de justicia está vivo en constante transformación y evolución. 

"En la fase de consolidación que hoy inicia, requeriremos igualmente de la voluntad, el compromiso y el trabajo del Estado Mexicano en su conjunto". El Presidente de la República llamó a los poderes Legislativo y Judicial, a los gobiernos locales, a la academia y a las organizaciones de la sociedad civil para mantener la causa de la justicia penal como una prioridad nacional. 

Para que el nuevo modelo funcione y funcione bien -dijo- es indispensable contar con mecanismos efectivos de evaluación y monitoreo, por ello celebró el Acuerdo Nacional para la Evaluación, Seguimiento y Consolidación del Sistema de Justicia Penal que suscribieron los Poderes de la Unión en este evento. 

Ratificó el compromiso del gobierno de la República con la independencia del Poder Judicial.

El presidente Enrique Peña Nieto refirió que esta es la transformación jurídica más importante del país en los últimos cien años.

Las características del sistema 

El nuevo Sistema de Justicia Penal, que entró en vigor este sábado 18 de junio en todo el país, representa una innovación en la forma de impartir justicia en México, en el que la confrontación y la rapidez son parte de sus características.

A este nuevo modelo también se le conoce como sistema acusatorio adversarial, ya que la acusación y la defensa se efectúan a través de una confrontación de pruebas y argumentos del imputado y la víctima. 

Otra de sus particularidades es que es oral, pues el juicio se lleva a cabo en un debate hablado y siempre en presencia de un juez. De acuerdo con información del portal gubernamental gob.mx, también establece nuevas figuras para garantizar que los procesos no sean tan largos y se realicen con transparencia y eficiencia. 

En ese sentido, la víctima es la persona que sufre un delito y tiene derecho a que la autoridad preserve su integridad física, y en el nuevo sistema puede participar en la investigación y en el juicio, así como intervenir directamente en el desarrollo del proceso. 

En esta nueva manera de impartir justicia, la persona que en un proceso penal es señalada de probablemente haber cometido un delito se le nombra imputado. 

Las policías tendrán diferentes estrategias, entre ellas, estarán su profesionalización, así como el uso de tecnologías de la información como herramienta para combatir a la delincuencia. 

El perito, que es el experto para investigar con métodos científicos y tecnológicos lo que ocurrió durante un delito, puede ser llamado a declarar durante un juicio, y su testimonio tiene carácter de prueba. 

El defensor es el abogado particular contratado o público que proporciona por ley el Estado.

Esta figura, como se estableció en la reforma constitucional, deberá ser licenciado en derecho y contar con cédula profesional. El Ministerio Público es el que investiga los delitos y lleva a juicio a quien se considere.

Los jueces tienen entre sus labores impartir justicia de manera pronta, completa e imparcial. En el nuevo Sistema de Justicia hay tres tipos de magistrados, que en conjunto se les llama Órgano Jurisdiccional. 

El juez de control es quien interviene desde el inicio en la investigación y hasta que comienza el juicio. Entre sus funciones está también autorizar la aprehensión de una persona, y aprobar los acuerdos en los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, entre otras, señala gob.mx. 

El Tribunal de Alzada está conformado por tres magistrados y parte de sus atribuciones es recibir las inconformidades del imputado o la defensa sobre las decisiones de los jueces, así como reconocer la inocencia del sentenciado si hay pruebas que indiquen que no hubo delito.

 El juez de ejecución supervisa que la sentencia se cumpla en los centros penitenciarios con apego a la ley y los derechos humanos, también puede cambiar los términos de la sentencia, entre otras tareas. 

Los facilitadores ayudan a la víctima y al imputado a encontrar soluciones alternas al juicio para acordar y resolver los conflictos de forma pacífica. Su participación se efectúa en base a reuniones entre dichas partes bajo diversos principios. 

El personal penitenciario promueve la reinserción de los sentenciados a la sociedad, por lo que realiza un análisis de su conducta, y presenta propuestas ante el juez de ejecución. 

El asesor jurídico es el abogado que brinda ayuda a la víctima que puede ser particular contratado o gratuito, otorgado por el Estado, y tendrá que ser licenciado en derecho y contar con cédula profesional. 

Otro de los cambios de este Sistema de Justicia, se refiere en dicha página de Internet, es que en los delitos no graves, la víctima y el imputado pueden tener opciones para resolver el problema de forma justa, mediante diversos mecanismos, entre los cuales está la justicia alternativa. 

Dicho método se efectuará siempre que el imputado no haya establecido otros acuerdos por la misma causa y no procederá en casos en los que exista un interés público importante, como los delitos que atenten contra la seguridad nacional, homicidios o extorsión, entre otros. 

Otra de las salidas alternas es el Criterio de Oportunidad, que se llevará a cabo si hay forma de garantizar que el imputado repare el daño ocasionado a la víctima, o que esta manifieste falta de interés en la reparación. 

En este caso, el Ministerio Público tiene la posibilidad de no acusar al imputado ante la instancia judicial cuando haya mínima afectación a la víctima y a la sociedad, el inculpado haya sufrido un daño grave al cometer el delito, o que este colabore en la investigación de un acontecimiento más grave que el que cometió.

Suspensión Condicional del Proceso, es otra de las opciones alternas que tiene el nuevo Sistema de Justicia Penal. 

En éste, la persona que cometió por primera vez un delito no grave podrá solicitar al juez de control que suspenda el juicio, siempre y cuando acepte su culpa, se comprometa a indemnizar por el daño ocasionado y asuma las condiciones que le impongan. 

Este método no tendrá efecto si se incumplen con dichas circunstancias, por lo que el proceso penal se reanudará. 

El Proceso Abreviado es una más de las alternativas de solución, y consiste en la oportunidad que se le da al imputado de aceptar su responsabilidad, y con ello evitar un juicio más largo.

A partir del reconocimiento de su participación en un delito, el acusado inicia el proceso de reinserción social, por lo que podrá recibir una pena menor a la que corresponda de acuerdo con la ley. 

El Proceso Abreviado puede solicitarse cuando el inculpado admita su responsabilidad en los hechos que se le acusa, deberá estar de acuerdo en ser juzgado conforme a los datos recabados durante una investigación y renuncie al juicio oral, así como que no haya oposición razonable de la víctima y se garantice la reparación del daño. 

En este nuevo sistema existen dichos métodos, a  n de agilizar la solución de los conflictos en los delitos catalogados como no graves. Sobre su funcionamiento, un caso en el nuevo Sistema de Justicia Penal puede iniciar de dos maneras: la primera con la presentación de la denuncia, y la otra con la detención del imputado cuando está cometiendo el delito, es decir, en flagrancia. 

Según el portal gob.mx, la investigación del caso conlleva tres etapas, cada una supervisada por un juez distinto. 

En la primera fase o de investigación, el Ministerio Público y la policía estipularán la probable existencia de un delito y buscarán a la persona que lo cometió. Cuando el Ministerio Público cuente con pruebas de la comisión de una transgresión o la participación del individuo, acudirá con el juez de control para acusarlo formalmente, lo que se conoce como formularle una imputación, en una audiencia pública, con lo que a la persona, a partir de ese momento, se le conocerá como imputado. 

El juez de control, en tanto se realice el juicio, podrá imponer medidas cautelares para evitar que el imputado huya, obstaculice la pesquisa o dañe a la víctima. 

En la segunda etapa o intermedia, se debate ante el juez de control, en donde la víctima y el imputado, ya sea por ellos, o a través de sus abogados, proponen las pruebas que presentarán en el juicio. Aquí se puede aplicar una de las medidas alternas, pero si la víctima no quiere mediar se continuará con el proceso.

La última fase es el juicio oral, en el que a través de una audiencia pública el acusador y el acusado debaten sus posturas. En esta etapa se debe escuchar a las partes y se valoran las pruebas que se desahogaron en los interrogatorios.

Lo que procede es dictar la sentencia que implique la culpa o inocencia del imputado, que tiene que ser leída y explicada, se detalla en el portal gubernamental. 

Por la trascendencia que tiene el pasar de un sistema de justicia que perduró más de 100 años, diversos actores de la política nacional y ciudadanos consideran como un paso importante y sin precedente la implementación de esta nueva forma de impartir justicia. En ese tenor, el presidente Enrique Peña Nieto consideró como un hecho histórico la transición de modelo en el país. 

En la inauguración del "Octavo Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, La Justicia que merecemos: de la implementación a la consolidación", realizado el 7 de junio pasado, el mandatario mexicano destacó que el modelo de justicia que imperaba en el país "daba muestras de debilidad, de agotamiento y de incapacidad" para que la justicia fuera pronta y expedita. 

"Este paso que estamos dando es absolutamente relevante y significativo para nuestro país, porque está en favor de lograr lo más importante: que la sociedad mexicana pueda contar y encontrar en este modelo de justicia que realmente se administre plenamente la justicia, como lo mandata nuestra Constitución", destacó el mandatario en esa ocasión. 

En tanto, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, afirmó que la implementación significa "una revolución procesal sin precedente ni punto de comparación en toda la historia jurídica de nuestro país".

 Indicó que con la entrada en vigor del nuevo sistema se está en el camino correcto, y refirió que en los últimos ocho años, y especialmente en el reciente año y medio, "se han sentado las bases en el Consejo de la Judicatura Federal para crear una estructura física y humana para satisfacer la nueva Justicia Penal Federal". 

En su oportunidad, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que "el nuevo Sistema de Justicia Penal es una causa ciudadana transformada en compromiso de Estado".

Notimex


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